Argentina tiene una de las mayores reservas de litio del planeta. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, los recursos medidos e indicados del país superan los veinte millones de toneladas, ubicándolo entre los primeros del mundo. El litio está ahí, debajo de los salares de la Puna, en Jujuy, Salta y Catamarca, esperando desde hace millones de años. No se va a ir a ningún lado.
Y sin embargo, en 2024, Argentina produjo alrededor de setenta y cuatro mil toneladas de carbonato de litio equivalente. Australia, con reservas significativamente menores, produjo varias veces más y lidera la producción global con cerca del treinta y siete por ciento del total. Chile, cuyo Salar de Atacama es la joya de la corona del litio en salmuera, ocupa el segundo puesto con alrededor del veintitrés por ciento. Argentina, con todo su potencial geológico, está recién en cuarto lugar, detrás también de China.
El país proyecta una mejora sustancial en 2025, con estimaciones que apuntan a unas ciento quince mil o ciento treinta mil toneladas de carbonato de litio equivalente, un salto del setenta y cinco por ciento respecto al año anterior. Hay siete plantas operativas. Nuevos proyectos están en etapa de ramp-up. El RIGI, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones aprobado bajo el gobierno de Milei, promete atraer capital fresco. Pero el punto no es si Argentina va a producir más litio. Va a producir más. El punto es por qué produce tan poco en relación con lo que tiene, y por qué la brecha con los competidores persiste a pesar de una ventaja geológica objetiva.
La respuesta no es geológica. Es institucional.
El problema constitucional
En 1994, la reforma de la Constitución argentina introdujo un artículo que parecía menor pero que tuvo consecuencias enormes para la política de recursos naturales: las provincias pasaron a ser dueñas de los recursos del subsuelo. Esto significa que el litio debajo de un salar en Jujuy pertenece a Jujuy, no a la Nación. El litio en Catamarca pertenece a Catamarca. El de Salta, a Salta.
En la práctica, esto fragmenta la política litífera del país en tantas políticas como provincias productoras existan. Cada provincia tiene su propia autoridad minera, su propio marco regulatorio, sus propias condiciones fiscales, sus propios procesos de evaluación ambiental y sus propias relaciones con las comunidades locales. No hay una política nacional de litio. Hay tres políticas provinciales y un gobierno nacional que puede incentivar pero no puede coordinar.
El contraste con Chile es instructivo. Chile es un país unitario donde el litio fue declarado mineral estratégico en 1979, no sujeto a concesiones mineras convencionales. El Estado controla el recurso a nivel nacional. Cuando el gobierno de Boric anunció su Estrategia Nacional del Litio en 2023 y negoció la asociación entre la estatal Codelco y SQM para explotar el Salar de Atacama hasta 2060, lo hizo con la autoridad de un Estado central que decide sobre sus recursos naturales sin necesidad de consultar a gobernadores. El modelo chileno tiene sus propios problemas, entre ellos un exceso de intervención estatal que puede desalentar inversión y cuotas de producción que son un anacronismo regulatorio. Pero tiene algo que Argentina no tiene: una estrategia.
Australia, el mayor productor mundial, opera bajo un modelo distinto. Su litio proviene de roca dura, no de salmueras, lo que permite ciclos de producción más rápidos. Australia tiene un sistema federal, como Argentina, pero con instituciones más estables, un sistema judicial más predecible y una burocracia que funciona. Las empresas que invierten en Western Australia saben con razonable certeza cuáles van a ser las reglas dentro de cinco o diez años. En Argentina, esa certeza no existe.
Tres provincias, tres mundos
Jujuy, Salta y Catamarca son las tres provincias litíferas. Comparten geografía, comparten los salares, a veces comparten los mismos salares, como el Hombre Muerto, que se extiende entre Catamarca y Salta. Pero no comparten política minera.
Jujuy fue históricamente la más activa. La empresa estatal provincial JEMSE participó como socia minoritaria en el proyecto Olaroz. El entonces gobernador Gerardo Morales promovió una reforma constitucional provincial en 2023 que buscaba facilitar la actividad minera, lo que generó protestas masivas de comunidades originarias y organizaciones sociales. Catamarca mantuvo un perfil más bajo pero alberga el proyecto más antiguo del país, el Salar del Hombre Muerto, operado por Arcadium Lithium. Salta, con salares enormes como Arizaro y Pozuelos, tiene la mayor superficie bajo exploración pero menos proyectos en producción.
Las tres provincias crearon en 2021 una Mesa del Litio y firmaron un Tratado Interprovincial de la Región Minera del Litio, ratificado por las tres legislaturas. La idea era coordinar políticas. En la práctica, la coordinación fue limitada. Cada provincia sigue otorgando permisos según sus propios criterios, negociando con las empresas según sus propias necesidades fiscales, y administrando las relaciones con las comunidades originarias según sus propias capacidades, que en general son escasas.
El resultado es un paisaje regulatorio donde un inversor que quiere operar en el Triángulo del Litio argentino tiene que lidiar con tres jurisdicciones distintas, tres conjuntos de reglas, tres autoridades mineras, y tres lógicas políticas provinciales que no necesariamente coinciden entre sí ni con la lógica del gobierno nacional. Un inversor que quiere operar en el Salar de Atacama chileno tiene que lidiar con una sola autoridad. En Australia, el sistema es más complejo pero las instituciones son más confiables.
Esto no es un argumento contra el federalismo. Es la constatación de que el federalismo argentino, tal como funciona, crea costos de transacción que sus competidores no tienen.
La macro como obstáculo
Pero el problema institucional no se agota en la fragmentación provincial. Hay un segundo factor que no tiene equivalente en Chile ni en Australia: la inestabilidad macroeconómica argentina.
Un proyecto de litio es una inversión de largo plazo. Desde la exploración hasta la producción comercial pueden pasar entre cinco y diez años. Los montos de inversión son de cientos de millones de dólares. El retorno depende de precios internacionales volátiles y de costos operativos locales que se miden en pesos. Para una empresa que invierte quinientos millones de dólares en un proyecto que va a madurar en 2030, la pregunta relevante no es cuánto litio hay en el salar sino cuáles van a ser las reglas del juego en cinco años.
En Argentina, esa pregunta no tiene respuesta confiable. El país tuvo cepo cambiario, controles de capitales, restricciones a la repatriación de dividendos, retenciones a las exportaciones que cambian de un gobierno al otro, y una inflación que hasta hace poco era de tres dígitos. El RIGI, introducido como parte de la Ley Bases del gobierno de Milei, intenta resolver esto ofreciendo estabilidad fiscal y cambiaria por treinta años para inversiones superiores a doscientos millones de dólares. Es un paso en la dirección correcta. Pero un régimen de incentivos es tan sólido como la credibilidad del gobierno que lo implementa, y la credibilidad macroeconómica argentina, después de décadas de incumplimientos, defaults y cambios de reglas, no se reconstruye con una ley.
Chile también tiene riesgo político. La Estrategia Nacional del Litio de Boric fue contestada por la oposición, y la candidata de centroderecha Evelyn Matthei prometió revisar el acuerdo Codelco-SQM. Pero la magnitud del riesgo no es comparable. Chile tiene un banco central independiente, una moneda estable, una deuda soberana con grado de inversión y una tradición de continuidad institucional que Argentina no tiene. Un inversor que pone dinero en Chile enfrenta riesgo político. Un inversor que pone dinero en Argentina enfrenta riesgo existencial.
La cadena de valor ausente
Hay un tercer problema, quizás el más importante a largo plazo: Argentina exporta litio crudo. No produce cátodos, no fabrica celdas, no ensambla baterías. La cadena de valor del litio tiene cuatro eslabones principales: extracción del carbonato o hidróxido de litio, producción del material activo para cátodos y ánodos, fabricación de celdas, y ensamblaje de baterías. Argentina participa del primero. China domina los tres restantes, procesando alrededor del sesenta y cinco por ciento del litio mundial y fabricando más del setenta y cinco por ciento de las baterías de ion-litio.
Esto significa que Argentina extrae un recurso no renovable de sus salares, lo exporta con mínimo procesamiento, y el valor agregado se genera en otro lugar. Es la maldición clásica de los países con recursos naturales: la geología provee la materia prima, la industria se la lleva otro.
Chile enfrenta el mismo problema, pero al menos tiene una estrategia para moverse en esa dirección, aunque sea incipiente y plagada de dificultades. La asociación Codelco-SQM incluye compromisos de inversión en procesamiento local. Australia desarrolló capacidad de refinamiento doméstico. Argentina no tiene nada comparable. Un salar en Catamarca que produce quince o veinte mil toneladas de carbonato de litio al año emplea unas doscientas cincuenta personas. La riqueza que genera es real pero limitada: exportaciones por unos cientos de millones de dólares, regalías provinciales modestas, empleo directo mínimo.
El proyecto más ambicioso en esta dirección fue la planta piloto de baterías de litio que Jujuy intentó desarrollar con la empresa italiana SERI. No prosperó. Hubo intentos de producir celdas a escala de laboratorio en universidades nacionales. No escalaron. Argentina tiene investigadores capaces y universidades que trabajan en tecnología de baterías, pero la distancia entre un laboratorio universitario y una planta industrial competitiva a escala global es abismal.
La competencia no espera
Mientras Argentina discute sus problemas internos, el mundo avanza. En 2025, se espera que entren al mercado global unas doscientas mil toneladas adicionales de litio, una porción importante proveniente de África, donde países como Zimbabwe multiplicaron su producción. China descubrió un cinturón de litio de dos mil ochocientos kilómetros en sus regiones occidentales. En Alemania, la empresa Neptune Energy anunció en septiembre de 2025 el hallazgo de cuarenta y tres millones de toneladas de litio en la región de Altmark, lo que podría reconfigurar la provisión europea y reducir la dependencia del Triángulo del Litio sudamericano.
La demanda va a crecer. Las proyecciones de S&P y Benchmark Mineral Intelligence estiman que para 2035 la demanda global de litio podría triplicar los niveles de 2024, impulsada por vehículos eléctricos y almacenamiento de energía. Hay espacio para todos. Pero el espacio no es infinito, y los países que establezcan capacidad de producción confiable primero van a capturar los contratos de largo plazo que definen la estructura del mercado.
Argentina tiene una ventana de oportunidad que no va a durar para siempre. Las reservas no se deprecian, pero la ventaja competitiva sí, porque la relevancia del litio depende de una transición energética cuya velocidad y dirección nadie puede predecir con certeza. Si en quince años la tecnología de baterías se mueve hacia el sodio, o si la extracción de litio de fuentes no convencionales se vuelve económicamente viable a escala, las reservas argentinas seguirán ahí pero valdrán menos.
La mecánica del desperdicio
Lo que hace el caso argentino interesante no es la queja, que sería fácil y estéril, sino la mecánica. Argentina no desperdicia su ventaja litífera por maldad, corrupción o estupidez, aunque las tres existan. La desperdicia por razones estructurales que son perfectamente comprensibles y muy difíciles de resolver.
La fragmentación provincial es un producto del federalismo argentino, que responde a una historia política real y a equilibrios de poder que no se pueden ignorar. Las provincias no van a ceder el control de sus recursos porque un economista en Buenos Aires explique que sería más eficiente. La inestabilidad macro es un producto de décadas de desmanejo fiscal, monetario y político que no se corrige en un mandato presidencial. La ausencia de cadena de valor es un reflejo de la desindustrialización argentina de los últimos cuarenta años y de la distancia tecnológica con los centros de producción asiáticos.
Cada uno de estos problemas tiene solución teórica. La coordinación interprovincial puede mejorar. La macro puede estabilizarse. La cadena de valor puede desarrollarse con incentivos adecuados y tiempo suficiente. Pero las soluciones teóricas requieren condiciones políticas que Argentina raramente produce: consenso entre niveles de gobierno, continuidad de políticas entre administraciones, y paciencia institucional para esperar resultados que tardan una década en materializarse.
Lo que queda es una paradoja. Argentina tiene el recurso que el mundo necesita, en cantidades que podrían transformar la economía de las provincias del noroeste y generar divisas que el país necesita con desesperación. Pero entre el recurso y su aprovechamiento hay una capa de complejidad institucional que funciona como una especie de fricción, en el sentido clausewitziano del término: todo lo que en la teoría parece simple, en la práctica se vuelve difícil. El litio está ahí. Las inversiones llegan, más lento de lo que deberían pero llegan. La producción crece. Pero el potencial pleno del recurso, la distancia entre lo que Argentina podría ser y lo que es como productor de litio, sigue siendo enorme.
Y esa distancia no la explica la geología. La explica la política.