En abril de 1982, Gran Bretaña envió a retomar las Islas Malvinas una fuerza que incluía dos portaaviones y más de una docena de destructores y fragatas, sostenida por unos 120 buques entre navales, auxiliares y mercantes requisados. Lo hizo sin suspender sus otros compromisos en el mundo. La operación tardó setenta y cuatro días, costó 255 vidas británicas y 649 argentinas, y le demostró al planeta que el Reino Unido todavía era capaz de proyectar poder militar al otro lado del Atlántico.
Hoy, en 2026, la Royal Navy tiene sesenta y tres buques comisionados. Solo veinticinco califican como buques de combate: diez submarinos, dos portaaviones, seis destructores y siete fragatas. Para ponerlo en perspectiva: en 1996, catorce años después de Malvinas, la flota todavía contaba con diecisiete submarinos, tres portaaviones, quince destructores y veintidós fragatas. En treinta años, la flota de combate se redujo a la mitad. Los compromisos globales del Reino Unido no lo hicieron.
Si mañana tuviera que repetir la operación de 1982, vaciando cada puerto y abandonando cada compromiso global, la Royal Navy podría reunir un portaaviones, dos destructores y cinco fragatas. Cuatro fragatas adicionales están fondeadas en Fareham Creek esperando remolque al desguace en Turquía, sin reemplazo inmediato. Patrulleros River-class de menos de dos mil toneladas, armados con un solo cañón, cubren compromisos en las Malvinas, el Pacífico Sur y aguas británicas que antes correspondían a fragatas y destructores. Buques de patrulla haciendo el trabajo de buques de guerra porque los buques de guerra no están disponibles.
La crisis dejó de ser teórica en marzo de este año. Cuando Irán atacó con drones la base británica en Chipre, RAF Akrotiri, la Royal Navy no pudo enviar un destructor a tiempo. El HMS Dragon tardó varios días en llegar a la región. Mientras tanto, Francia desplegó su portaaviones nuclear Charles de Gaulle. Ninguno de los dos portaaviones británicos participó en las operaciones contra Irán; ambos arrastraban problemas mecánicos. La prensa británica describió la situación como débil y vergonzosa. Un submarinista retirado de la Royal Navy declaró al Times que fue un error comprar dos portaaviones gigantes en lugar de concentrarse en los buques más pequeños que sostienen la capacidad naval de un país.
Esos números no son discutibles, y conviene tenerlos presentes cada vez que se piense en las Malvinas.
Diplomacia sin dientes
Hay una paradoja que define las últimas dos décadas de la política argentina hacia las Malvinas, y conviene decirla sin vueltas: los gobiernos que más hablaron de soberanía fueron los que más destruyeron la capacidad de respaldar ese reclamo.
Cuando la dictadura militar invadió las islas en 1982, Argentina tenía una fuerza aérea con más de cuatrocientos aviones, incluyendo cazas modernos. Tenía una armada con portaaviones, un crucero, submarinos nuevos, destructores y fragatas de última generación. Perdió la guerra, pero no por falta de equipamiento. La perdió por planificación operativa deficiente, logística improvisada y, sobre todo, por subestimar la voluntad británica de pelear. La derrota, combinada con los crímenes de la dictadura, destruyó la imagen pública de las fuerzas armadas argentinas. Lo que vino después fue peor que la derrota misma.
El gasto en defensa cayó de 4,4% del PBI en 1983 a menos de 1% durante los años kirchneristas, y se mantuvo ahí durante más de una década. Para ponerlo en contexto: Colombia, un país sin reclamos territoriales pendientes de esta magnitud, gastaba proporcionalmente más del triple. Pero los números no cuentan toda la historia. Lo que hizo el kirchnerismo fue algo más profundo que recortar presupuesto: convirtió a las fuerzas armadas en un enemigo interno.
Néstor Kirchner asumió en 2003 y uno de sus primeros actos simbólicos hacia los militares fue retirar los retratos de los dictadores del Colegio Militar. Reabrió los juicios por la Guerra Sucia, purgó la cúpula de las tres armas, y limitó por decreto el rol de las fuerzas armadas exclusivamente a la "agresión de origen externo", definida de la manera más estrecha posible. Cristina Kirchner completó la obra: otra purga masiva en 2012, recortes presupuestarios que dejaron a los aviones sin repuestos, a los buques sin mantenimiento, a los soldados sin equipamiento básico.
El dato que lo resume todo lo dio el propio Ministro de Defensa del gobierno de Macri: en la Guerra de Malvinas, Argentina perdió setenta y dos aviones. Bajo el kirchnerismo, se perdieron más de cien. No en combate, sino por abandono. La fábrica de aviones de Córdoba tenía mil quinientos empleados y durante diez años no construyó un solo avión. Cuando se retiraron los Mirage III en 2015, Argentina se quedó sin capacidad de intercepción supersónica. No por un año o dos, por una década entera. El país más grande de habla hispana, con la octava extensión territorial del mundo, con un reclamo constitucional de soberanía sobre territorio en disputa, no podía interceptar un avión que violara su espacio aéreo.
El hundimiento del submarino ARA San Juan en noviembre de 2017, con cuarenta y cuatro tripulantes a bordo, fue el símbolo más trágico de ese deterioro. No fue un accidente aislado: fue la consecuencia lógica de décadas de abandono presupuestario.
Hay que ser justos: el problema no empezó con los Kirchner. El desarme argentino tiene raíces más antiguas. Después de la derrota en 1982, Gran Bretaña impuso un embargo de armas que cerró a Argentina el acceso a casi todo el equipamiento militar occidental. Londres no solo dejó de vender: presionó activamente a sus aliados para que bloquearan cualquier transferencia. Eso significó que incluso los gobiernos que quisieron modernizar las fuerzas armadas, como el de Carlos Menem en los años noventa, encontraron opciones limitadas. Menem logró comprar treinta y seis A-4 Skyhawk usados a Estados Unidos y participó en la Guerra del Golfo con dos buques, lo que le ganó a Argentina la designación de aliado principal no-OTAN en 1997. Fueron excepciones en un panorama de restricción general.
Lo que hizo el kirchnerismo fue convertir una limitación externa en una política interna. No se limitaron a no poder comprar armas; decidieron que no querían hacerlo. Y los veinte años de discursos en Naciones Unidas, de placas en las esquinas, de feriados patrióticos, no cambiaron un solo hecho sobre el terreno. Nadie negocia en serio con alguien que no tiene con qué respaldar sus palabras.
Los F-16 y la señal que nadie quiere leer
El 5 de diciembre de 2025, los primeros seis F-16 AM/BM Fighting Falcon tocaron suelo argentino en la base de Río Cuarto, Córdoba. Milei los recibió personalmente y, por una vez, la retórica presidencial estaba a la altura de los hechos: era la adquisición militar más significativa en medio siglo. Veinticuatro cazas comprados a Dinamarca por unos trescientos millones de dólares, más un paquete de armamento estadounidense de otros trescientos diez millones que incluye misiles AIM-120 y AIM-9, pods de reconocimiento y kits de guerra electrónica. Después de una década sin capacidad supersónica, la Fuerza Aérea Argentina volvía a tener cazas modernos.
Pero los F-16 son la parte menos interesante de esta historia. Lo importante es cómo llegaron.
Durante cuarenta años, desde el fin de la guerra en 1982, Gran Bretaña mantuvo un bloqueo sistemático sobre la venta de armamento occidental a Argentina. Londres no se limitó a no vender: presionó activamente a sus aliados para que tampoco lo hicieran. Vetó la venta de Mirage de reemplazo desde Francia. Bloqueó la posible transferencia de Saab Gripen desde Brasil porque tenían aviónica de origen británico. Impidió la venta de Kfir israelíes y complicó las de FA-50 coreanos. La estrategia era simple y efectiva: muchos aviones de combate occidentales usan asientos eyectables Martin-Baker o sistemas BAE, ambos británicos. Mientras esos componentes estuvieran presentes, Londres tenía poder de veto.
El detalle que hizo posible el acuerdo con Dinamarca es técnico pero decisivo: los F-16 daneses usan el asiento eyectable estadounidense ACES II, de Collins Aerospace, no el Martin-Baker británico. No había nada que Londres pudiera vetar por esa vía. Pero el embargo nunca fue solo técnico: fue también político, y ahí es donde la operación Peace Condor importa. Washington llevó el acuerdo adelante, negoció con Londres, y el Reino Unido terminó aceptando. Después de cuarenta años de deferencia automática a la posición británica en todo lo relativo a armamento argentino, Estados Unidos decidió que ya no le interesaba pagar ese costo para cuidar la sensibilidad de un aliado al que, en simultáneo, empezaba a tratar como un socio cada vez más incómodo.
La venta de F-16 vino acompañada de algo más amplio. Ocho vehículos blindados Stryker, también estadounidenses. Discusiones sobre radares de vigilancia aérea, helicópteros, cooperación en espacio, ciberdefensa, y, notablemente, operaciones marítimas en el Atlántico Sur. El Departamento de Defensa describió a Argentina como un país en transición de "aliado periférico" a "socio de seguridad central en el Hemisferio Occidental". Esa frase tiene más peso geopolítico que cualquier discurso en la ONU.
Nadie está diciendo que veinticuatro F-16 le dan a Argentina la capacidad de retomar las Malvinas por la fuerza. No se trata de eso. Los F-16 MLU que recibió Argentina son similares a los que opera la Fuerza Aérea de Chile, lo que establece por primera vez en décadas una paridad técnica en los Andes. Pero frente a los Typhoon británicos estacionados en Mount Pleasant, los F-16 son una generación inferior. Se espera que la Fuerza Aérea Argentina alcance capacidad operacional inicial para al menos un escuadrón en 2027, y el resto de los aviones se entregarán en fases hasta 2028. Es un proceso, no un interruptor.
Se trata de algo más importante que la paridad táctica. Un país con fuerzas armadas creíbles negocia desde una posición distinta que un país desarmado. Las señales que emite Washington ya no son las mismas que hace cinco años. Y Londres, por primera vez en cuarenta años, no pudo impedir que su principal aliado armara a su adversario en el Atlántico Sur.
This is OUR Hemisphere
El 3 de enero de 2026, fuerzas militares estadounidenses capturaron al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una operación nocturna en Caracas. La operación, bautizada Resolución Absoluta, fue el acto de proyección de poder más agresivo de Estados Unidos en el hemisferio occidental desde la invasión de Panamá en 1989. Horas después, Trump dio una conferencia de prensa en Mar-a-Lago y pronunció una frase que debería interesarle a cualquier argentino que piense en las Malvinas: "The Monroe Doctrine is a big deal, but we've superseded it by a lot. They now call it the 'Donroe Doctrine.'"
La Doctrina Monroe, formulada en 1823, fue la declaración de que las potencias europeas no debían extender su influencia al hemisferio occidental. Durante dos siglos, fue una abstracción que los presidentes estadounidenses invocaban cuando les convenía e ignoraban cuando no. Trump la convirtió en política operativa. Su Estrategia de Seguridad Nacional, publicada en diciembre de 2025, incluye un "Corolario de Trump" que establece la intención de "reafirmar y hacer cumplir la Doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el Hemisferio Occidental". El documento declara que Estados Unidos "negará a competidores no hemisféricos la capacidad de posicionar fuerzas o activos estratégicamente vitales" en la región.
El Secretario de Estado Marco Rubio lo sintetizó con su habitual sutileza: "This is OUR Hemisphere". Pete Hegseth, Secretario de Defensa, añadió: "America can project our will anywhere, anytime. Welcome to 2026".
Conviene tomarse estas declaraciones en serio, porque los hechos las respaldan. Trump no solo capturó a Maduro: reavivó su campaña para adquirir Groenlandia, amenazó con aranceles a los países que defendieron la soberanía danesa, redefinió el Golfo de México, y dejó abierta la posibilidad de intervención en Colombia y Cuba. El Atlantic Council, uno de los think tanks más cercanos al establishment de seguridad nacional estadounidense, publicó un análisis recomendando definir el hemisferio "desde las Islas Aleutianas hasta Groenlandia y el Ártico norteamericano hasta la Antártida, con América Central, del Sur y el Caribe en el medio, y los accesos Pacífico y Atlántico incluidos".
Si esa es la definición operativa del hemisferio, las Islas Malvinas quedan, objetivamente, adentro. Son territorio administrado por una potencia europea, a seiscientos kilómetros de la costa argentina, con una base militar que aloja unos mil doscientos efectivos, cuatro cazas Typhoon y un patrullero. Es, en la lógica de la Doctrina Donroe, exactamente el tipo de presencia extrahemisférica que Washington dice querer eliminar.
Hay una ironía histórica que vale la pena señalar. La Doctrina Monroe se formuló en 1823, diez años antes de que Gran Bretaña expulsara a las autoridades y población argentinas de las Malvinas en 1833. La ocupación británica ocurrió, en rigor, en violación del espíritu de la doctrina que Trump ahora dice querer restaurar. Cuando los británicos desembarcaron en Puerto Soledad y bajaron la bandera argentina, Estados Unidos era un país joven que no tenía la fuerza para hacer cumplir la doctrina de Monroe. Doscientos años después, la tiene de sobra.
Nada de esto es una predicción. Trump no ha mencionado las Malvinas. No hay indicios de que lo vaya a hacer. Lo que hay es algo más sutil y, a mediano plazo, más importante: un marco estratégico estadounidense que, si se aplica con alguna consistencia, hace que la presencia militar británica en el Atlántico Sur sea cada vez más difícil de justificar. No ante Buenos Aires, que siempre la consideró ilegítima, sino ante Washington, que hasta ahora la toleraba sin cuestionar.
Milei parece haberlo entendido. En su discurso de apertura del Congreso el 1 de marzo habló de crear "el siglo de las Américas", de que Argentina posee los minerales críticos que demanda Occidente, y de su ubicación estratégica con acceso a dos océanos y proximidad a la Antártida. "Somos un eslabón natural en la cadena de valor estratégica de Occidente", dijo. No mencionó las Malvinas en ese contexto. No hacía falta.
El Estrecho y la Antártida
Hay un aspecto geográfico que suele quedar fuera del análisis sobre las Malvinas pero que resulta cada vez más relevante: la posición del extremo sur de Sudamérica en el tablero global.
El Estrecho de Magallanes es la principal vía navegable natural entre el Atlántico y el Pacífico. Pertenece mayoritariamente a Chile, pero la boca oriental es compartida con Argentina, y Ushuaia y Río Grande son las ciudades más australes del mundo continental. El Paso Drake, al sur del Cabo de Hornos, es el punto más angosto del océano circumpolar antártico. Quien tiene presencia significativa en esta región controla el acceso a la Antártida, un continente cuyas reservas de recursos naturales están congeladas, en sentido literal y jurídico, por un tratado cuyo régimen de protección ambiental puede ser revisado a partir de 2048.
Esa fecha importa. Cuando las reglas del Tratado Antártico se renegocien, las posiciones de cada país en la región van a determinar la fuerza de sus reclamos. Argentina, Chile, Gran Bretaña, Noruega y otros tienen reclamos territoriales superpuestos en la Antártida. La presencia física, las bases científicas, la capacidad logística y la proyección naval van a contar más que cualquier documento legal. Las Malvinas, las Georgias del Sur y las Sandwich del Sur, todas bajo administración británica y todas reclamadas por Argentina, son plataformas logísticas para proyectar esa presencia. No son un archipiélago con tres mil doscientos habitantes y un millón de pingüinos. Son infraestructura geopolítica.
Gran Bretaña lo entiende perfectamente. La base de Mount Pleasant, abierta en 1985, no existe para proteger a los isleños de una invasión argentina. Existe para mantener una posición estratégica en una de las pocas regiones del mundo que todavía podrían redistribuirse en las próximas décadas. La guarnición actual consiste en unos mil doscientos efectivos, cuatro cazas Typhoon, un avión cisterna, un transporte, un sistema de misiles antiaéreos Sky Sabre y un patrullero, el HMS Forth, de dos mil toneladas y armamento mínimo. Es una fuerza disuasoria, no una fuerza de combate: está diseñada para hacer que cualquier agresión sea políticamente costosa, no para ganar una guerra. Su viabilidad depende enteramente de que Gran Bretaña pueda reforzarla rápidamente desde la metrópoli. Dado el estado de la Royal Navy, esa suposición es cada vez más cuestionable.
En un mundo donde el Estrecho de Ormuz está cerrado por la guerra con Irán y el Canal de Suez sigue afectado por la inestabilidad regional, las rutas marítimas alternativas ganan importancia. El Estrecho de Magallanes y el Cabo de Hornos no van a reemplazar a Panamá, pero la idea de que el extremo sur del continente es irrelevante para la geopolítica global es un lujo que ya nadie se puede dar.
La Estrategia de Seguridad Nacional de Trump define el hemisferio hasta la Antártida. No es casual.
This is not Winston Churchill
Para entender la ventana que se abre para Argentina, hay que entender qué le está pasando a la relación entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Y lo que le está pasando es, en términos diplomáticos, un desastre.
La llamada "relación especial" entre Washington y Londres, forjada durante la Guerra Fría sobre la base de inteligencia compartida, cooperación nuclear y afinidad cultural, atraviesa su peor momento desde que Churchill acuñó el término en 1946. Las tensiones no empezaron con Irán, pero Irán las llevó al punto de ruptura.
Cuando Estados Unidos atacó instalaciones nucleares iraníes en febrero de 2026, el primer ministro Keir Starmer se negó a permitir que las fuerzas estadounidenses usaran bases británicas, incluyendo RAF Fairford y las instalaciones en Diego García. Eventualmente cedió de manera parcial, pero Trump consideró que fue demasiado tarde. La respuesta fue pública y brutal: "He ruins relationships. We are very surprised. This is not Winston Churchill that we're dealing with".
Esa frase, dicha en una reunión de gabinete de la Casa Blanca el 26 de marzo, fue más que un insulto. Fue una declaración de que la relación especial ya no es, a ojos de este presidente, particularmente especial. Trump también llamó a los portaaviones británicos "juguetes viejos y rotos", una humillación que la Royal Navy no había recibido de un aliado en su historia moderna.
Pero Irán es solo el capítulo más reciente. La lista de agravios es larga y creciente. Trump criticó repetidamente la cesión de las Islas Chagos a Mauricio, llamándolas "esa isla estúpida" y acusando al Reino Unido de ser "muy, muy poco cooperativo". Starmer se opuso públicamente a la campaña de Trump por Groenlandia, lo que disparó la amenaza de aranceles del 25% sobre productos británicos. El Reino Unido se negó a unirse al "Board of Peace" de Trump. En noviembre de 2025, Londres suspendió el intercambio de inteligencia con Washington sobre narcobuques en el Caribe por considerar ilegales los ataques estadounidenses contra esas embarcaciones.
El deterioro tiene números. Una encuesta Gallup de 2026 mostró que la favorabilidad del Reino Unido entre estadounidenses cayó a 76%, desde 88% el año anterior, el nivel más bajo jamás registrado. Entre votantes republicanos, la caída fue de 84% a 64%. Analistas de Chatham House describieron la situación como evidencia de "la capacidad declinante del Reino Unido de influenciar a Estados Unidos y proyectar poder". El European Council on Foreign Relations publicó un artículo titulado, sin ironía aparente, "Escaping the special relationship".
Vale la pena detenerse en el caso de las Islas Chagos, porque tiene un paralelo directo con las Malvinas que no ha recibido suficiente atención. Las Chagos son un archipiélago en el Océano Índico donde opera, junto con Estados Unidos, la base militar de Diego García. En 2024, el gobierno británico cedió la soberanía de las islas a Mauricio, un acto que Trump condenó como "gran estupidez y debilidad total". La cesión enfureció a Washington porque ponía en riesgo el futuro de una base estratégica compartida. Si Gran Bretaña ya cedió un territorio en disputa que albergaba una base conjunta con Estados Unidos, la pregunta es obvia: ¿cuánto vale realmente para Londres mantener las Malvinas, un territorio más lejano, más caro de defender, y que no tiene ningún valor estratégico para Washington?
Gran Bretaña no solo tiene menos barcos que en 1982. Tiene menos amigos en Washington que en cualquier momento de la posguerra. Para un país que depende de Estados Unidos para la credibilidad de su disuasión nuclear, para el mantenimiento de sus submarinos Trident, y para la legitimidad de su posición global, eso no es un inconveniente menor. Es una crisis existencial en cámara lenta.
Una relación sin precedentes
Del otro lado del tablero, Argentina vive el momento opuesto.
La relación entre Javier Milei y Donald Trump no tiene precedente en la historia bilateral entre Argentina y Estados Unidos. No es solo una cuestión de afinidad ideológica, aunque esa afinidad es real y ostensible. Es una relación que se tradujo en hechos concretos y medibles: un swap de veinte mil millones de dólares para estabilizar la moneda argentina antes de las elecciones legislativas de 2025, la compra directa de pesos por parte del Tesoro estadounidense para sostener su valor, un framework de acuerdo comercial firmado en noviembre de 2025, la facilitación de la compra de F-16 y Stryker, y el fallo favorable en el caso YPF que le ahorró a Argentina dieciséis mil millones de dólares.
Milei viajó a Estados Unidos catorce veces en sus primeros dos años de gobierno. Trump lo llamó su "presidente favorito". Fue el primer líder extranjero en reunirse con Trump tras las elecciones de 2024, y apoyó públicamente la captura de Maduro cuando la mayoría del mundo la condenó. En su discurso ante el Congreso en marzo, Milei definió a Trump como un "aliado clave" y habló de "crear el siglo de las Américas". De las más de mil trescientas menciones de Trump en la cuenta de X de Milei analizadas por el Carnegie Endowment, más de mil doscientas fueron positivas o laudatorias. Ninguna fue negativa.
La relación es asimétrica, como toda relación entre una superpotencia y un país en desarrollo. Milei necesita a Trump más de lo que Trump necesita a Milei. Pero esa asimetría no invalida el punto central: la voluntad de Washington de considerar los intereses argentinos, incluso cuando chocan con los británicos, es un fenómeno nuevo. Los F-16 lo demuestran. La descripción de Argentina como "socio de seguridad central" lo confirma.
Hay un elemento adicional que no conviene subestimar: Argentina tiene algo que Washington quiere. Tiene litio, cobre y tierras raras, los minerales críticos de la transición energética y la industria tecnológica. Tiene Vaca Muerta, una de las mayores reservas de gas no convencional del mundo, en un momento en que la guerra con Irán disparó los precios de la energía. Tiene acceso a dos océanos, cercanía a la Antártida y una posición geográfica que, en el marco de la Doctrina Donroe, la convierte en un ancla natural del hemisferio sur. Milei articuló todo esto explícitamente. La pregunta es si Buenos Aires tiene la visión estratégica para convertir esta buena voluntad en algo más duradero que foto ops y conferencias de prensa. Y si tiene la disciplina para vincular, aunque sea de manera oblicua, la cuestión Malvinas a la agenda de cooperación hemisférica.
La ventana
Recapitulemos lo que cambió.
Gran Bretaña tiene la flota naval más pequeña en tiempos modernos. No puede desplegar un destructor a tiempo cuando atacan su propia base en Chipre. Cuatro fragatas esperan el desguace sin reemplazo. Sus portaaviones arrastran problemas mecánicos crónicos. El presidente de su principal aliado la humilla públicamente, llama juguetes a sus buques y dice que su primer ministro no es Winston Churchill.
Argentina, después de décadas de desarme suicida, está reconstruyendo su capacidad militar con equipamiento estadounidense, rompiendo un bloqueo británico que duró cuarenta años. Su presidente tiene una relación personal con el presidente de Estados Unidos que no tiene paralelo en la historia bilateral. Washington redefinió su doctrina hemisférica para priorizar la exclusión de potencias extrahemisféricas, y las Malvinas son, por definición, una presencia extrahemisférica.
Estas condiciones no existían en 2024. No existían en 2020, ni en 2010, ni en ningún momento desde 1982. Podrían no existir en 2028. La ventana depende de Trump, cuyo mandato dura hasta 2029 pero cuya atención es notoriamente errática. Depende de Milei, cuyo mandato termina en 2027 y cuya posición interna no está asegurada. Depende de que la relación entre Washington y Londres no se recomponga, algo que podría ocurrir con un cambio de gobierno en cualquiera de los dos países. Depende de que la Royal Navy no reciba la inyección de presupuesto que llevan décadas prometiéndole.
Nada de esto significa que Argentina deba, o pueda, tomar las islas mañana. Esa fantasía es tan contraproducente hoy como lo fue en 1982, cuando la Junta confundió oportunismo con estrategia. Lo que sí significa es que hay un trabajo serio, silencioso y sostenido que hacer.
Continuar el rearme, primero. No como gesto populista, como política de Estado que sobreviva a este gobierno y al siguiente. Veinticuatro F-16 son un comienzo, no un final. Argentina necesita capacidad naval, que es donde el déficit es más grave. Necesita submarinos, corbetas, sistemas de vigilancia marítima. Necesita que el presupuesto de defensa deje de ser una variable de ajuste fiscal y se convierta en un compromiso sostenido del 1,5% o 2% del PBI, como tiene cualquier país serio. Un país que reclama soberanía sobre territorio en disputa y no invierte en defensa no es un país serio: es un país que hace teatro.
Profundizar la cooperación militar con Estados Unidos hasta que la relación sea estructural y no meramente personal. Los acuerdos deben incluir ejercicios conjuntos regulares en el Atlántico Sur, cooperación en vigilancia antártica, presencia naval coordinada. El objetivo es que cuando Trump deje la Casa Blanca, la infraestructura de cooperación sea lo suficientemente densa como para sobrevivir a cualquier cambio de administración.
Y posicionar a Argentina como un activo estratégico indispensable para Washington en el hemisferio sur. Minerales críticos, energía, control de rutas marítimas, logística antártica: Argentina tiene cartas que jugar. La habilidad está en jugarlas de manera que, cuando la pregunta sobre las Malvinas inevitablemente surja, la respuesta estadounidense sea favorable por interés propio y no por simpatía.
No alcanza con tener razón. Argentina tiene razón sobre las Malvinas desde 1833. Tuvo razón mientras Gran Bretaña era la mayor potencia naval del mundo, y también mientras dejaba de serlo. Tuvo razón mientras sus gobiernos desarmaban al país, y mientras los isleños votaban lo que votaban. El derecho sin poder es una declaración de intenciones, no una política exterior. Lo que cambió no es quién tiene razón. Lo que cambió es el balance de poder que puede convertir esa razón en realidad.
El kirchnerismo reclamó las Malvinas con la boca mientras desarmaba al país con las dos manos. Macri intentó la vía del diálogo y el pragmatismo pero no tenía ni la relación con Washington ni la capacidad militar para que el diálogo fuera algo más que cortesía. Ahora, por primera vez en cuarenta años, las condiciones para un reclamo serio, uno que combine legitimidad con capacidad y un entorno geopolítico favorable, empiezan a alinearse. No van a alinearse solas. Requieren decisión, inversión, paciencia y una seriedad estratégica que Argentina rara vez demostró en su historia. Dejar pasar la oportunidad sería una negligencia histórica.
Las Malvinas no se recuperan con discursos en Naciones Unidas, ni con feriados patrióticos, ni con placas en las esquinas. Se recuperan con aviones, barcos, alianzas y la frialdad necesaria para jugar un juego largo. En 1982, Gran Bretaña envió lo que hacía falta. Hoy no podría enviar ni la mitad. La pregunta no es si Argentina tiene razón. La pregunta es si, esta vez, va a estar preparada.